Glosario

Mecanismos de diálogo para resolver disputas laborales: Canales, procedimientos y otras herramientas para lograr la solución concertada de diferencias y conflictos sobre asuntos laborales. Ejemplos son los comités de convivencia, las mesas de diálogo, los espacios de negociación o los mecanismos de mediación con facilitación externa. De acuerdo con la OIT, los mecanismos para tramitar quejas laborales deben desarrollarse en consulta con los trabajadores, constar por escrito, comunicarse a los trabajadores, y estar sujeto a limitaciones de tiempo con límites claros para cada paso.

Canales de comunicación instalados por la empresa con el objetivo de recibir y tramitar inquietudes, quejas y reclamos expresados por trabajadores, clientes o comunidades aledañas, acerca de (presuntas) afectaciones de sus derechos y su bienestar que la compañía o que actores en su cadena de suministro puedan haber generado. Eso incluye rutas internas para responder y propiciar remedios oportunos a los daños causados, y dar seguimiento a la efectividad de las respuestas. Es importante que estos mecanismos se adecúen al tipo de inquietudes, quejas y reclamos recibidos; por ejemplo, el mecanismo no puede ser el mismo para recibir quejas de clientes sobre la calidad de productos, que para comunidades que quieren dar a conocer (presuntas) afectaciones de sus derechos humanos.

Mecanismos externos a la empresa, estatales o no estatales, ordinarios o especiales, que tienen como objetivo conocer, investigar y reparar afectaciones de derechos humanos, de los medios de vida, la calidad del entorno ambiental y otras afectaciones del bienestar de personas y comunidades, que la compañía pueda haber causado o que la involucran indirectamente (por ejemplo, en el caso de daños causados por empresas contratistas que actúan en su nombre). Se refiere a mecanismos de diferentes tipos, fines y alcances, como tribunales laborales, penales y civiles nacionales; mecanismos de justicia transicional; comisiones de la verdad, o modelos de justicia comunitaria legítimos y reconocidos. Otro ejemplo es el Punto Nacional de Contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tramita quejas de incumplimiento de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de este organismo internacional.

Los mercados locales son aquellos en donde actúan grupos relativamente pequeños de actores involucrados en la oferta y compra de productos y servicios –productores, consumidores y clientes, etc.-, en un área geográfica reducida. En contraste, los mercados regionales abarcan un departamento o varias subregiones. La afectación por el conflicto y la violencia de los mercados locales y regionales se puede manifestar de manera directa (como cuando la producción y el consumo se ven severamente limitados por las hostilidades armadas o la inseguridad causada por grupos delictivos urbanos), e indirecta (por ejemplo cuando la comercialización de productos desde una zona sin conflicto se dificulta por cierres de vías debido al conflicto en regiones aledañas).

Es uno de los derechos humanos universalmente reconocidos. Se refiere a un nivel de vida que garantiza a cada persona y a su familia condiciones de salud y bienestar, alimentación, asistencia médica, servicios sociales y seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez y vejez, entre otros. En el contexto colombiano, que presenta importantes diferencias socioeconómicas, las empresas pueden ayudar a elevar e igualar los niveles de vida de trabajadores en grandes ciudades y el campo, y entre mujeres y hombres.

Acciones comerciales o proyectos económicos de la empresa que puedan tener un impacto sobre los derechos humanos, la calidad y sostenibilidad del entorno ambiental, la salud, seguridad alimentaria, fuentes de ingresos, modos de vida ancestrales y tejido social de las poblaciones que habitan en la zona de influencia y que, como consecuencia, pueden generar o aumentar tensiones y conflictos.

En EmPaz, se entiende como la contratación laboral para empleos formales y en condiciones dignas, y a políticas de empleo y recursos humanos que comprendan estrategias de adquisición, mecanismos de selección de personal y programas de desarrollo profesional dentro de la empresa que se adapten a las características específicas de trabajadores afectados por el conflicto o que han salido de grupos armados ilegales, para garantizar su efectiva integración y retención en la organización.

Las actividades que desarrollan los ciudadanos –de todos los grupos poblacionales, estratos socioeconómicos y etnias– para incidir activamente en la vida política, administrativa, económica, social y cultural. En EmPaz, se refiere tanto a los mecanismos regulados por Ley (entre otros, la consulta popular o el cabildo abierto), como a las acciones de incidencia mediante canales formales e informales o a iniciativa propia, de manera pacífica y legal. Estudios internacionales demuestran que las sociedades que cuentan con mayores niveles de participación democrática son menos propensas a sufrir conflictos.

Acciones mediante las cuales la empresa facilita la intervención e incidencia de poblaciones vecinas y otros grupos -incluyendo entidades públicas locales, líderes sociales u organizaciones de derechos humanos o ambientales, según el contexto- en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de acciones sociales y comerciales que los puedan afectar. Consta de un proceso sistemático y planificado, que incluye la identificación o mapeo de los grupos de interés, la estrategia de información y dialogo, mecanismos de quejas y reclamos, involucramiento en el monitoreo de actividades y rendición de cuentas.

Políticas y planes diseñados por el Gobierno y administraciones departamentales y locales para regular la ocupación, el uso y la transformación del espacio físico urbano y rural. Ejemplos son los Planes de Desarrollo Municipal y Planes de Desarrollo Territorial que, según recomendación del Gobierno nacional, incluyan temas relacionados con la construcción de paz, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, y otros planes locales y regionales para uso del suelo sostenible desde un punto de vista ambiental, social y productivo.

Grupos de personas que han sido victimizadas como consecuencia del conflicto armado, sea de manera directa (por ejemplo, población desplazada o personas con discapacidad por guerra) o indirecta (familiares y otros miembros de la sociedad que sufren los impactos emocionales y psicológicos del conflicto). En EmPaz, también se entiende por poblaciones afectadas por el conflicto, aquellas que anteriormente estaban vinculadas a algún grupo armado. Esta categoría también incluye a víctimas de otros tipos de violencia, por ejemplo, delitos contra la integridad física cometidos por bandas delincuenciales en contextos urbanos.

En EmPaz, se entiende como las personas que han sido victimizadas como consecuencia del conflicto armado, sea de manera directa (por ejemplo, población desplazada o personas con discapacidad por guerra) o indirecta (familiares y otros miembros de la sociedad que sufren los impactos emocionales y psicológicos de la violencia).

Grupos de personas que, debido a sus características étnicas, de género, edad, educativa y socioeconómica, se encuentran en estado de desprotección o mayor riesgo de vulneración de sus derechos, en contextos de conflicto armado, conflictividades sociales, violencia delincuencial y otras manifestaciones de violencia que afecten la seguridad de las personas..

Políticas y procesos de la empresa para la planeación de la adquisición de derechos de propiedad o uso de tierras para fines comerciales, con el fin de asegurar que todas las transacciones y negociaciones se realicen en términos de respeto de la dignidad e igualdad de las partes involucradas, con transparencia y dentro del marco normativo nacional e internacional, para así evitar afectaciones de comunidades vecinas y sus derechos humanos, como el derecho al alimento, al agua, a la vivienda digna, o los derechos culturales.

Políticas, estrategias, programas y planes definidos por el Gobierno nacional y las administraciones departamentales y locales, para materializar los compromisos establecidos en los acuerdos de paz de La Habana y en acuerdos de paz que a futuro se puedan dar con otros grupos armados al margen de la ley. También se refiere a políticas públicas regionales que no son concebidas en el marco de los acuerdos de paz, y que tienen como fin promover el desarrollo sostenible y pacifico a nivel nacional, regional y local, así como programas de bancos de desarrollo y cooperación internacional con este objetivo.

Innovaciones o mejoras de productos y servicios existentes para aumentar la seguridad y promover la convivencia pacífica, por ejemplo, desarrollo de nuevas tecnologías para generar alertas tempranas en caso de situaciones de violencia identificadas; diversificar, tecnificar o sofisticar la oferta de productos existentes en zonas afectadas por conflicto y violencia; o complementar la presentación de productos de consumo masivo con mensajes que promueven actitudes de reconciliación y comportamientos pacíficos en los consumidores.

Acciones de la empresa, en alianza con otros actores, para promover la construcción de paz y la reconciliación en escenarios de posconflicto en lo local, regional o nacional, y para prevenir acciones de violencia, como agresiones y afectaciones de la seguridad ciudadana en áreas urbanas. Ejemplos son la plataforma Business for Peace de la red Pacto Global de Naciones Unidas, o la promoción de nuevos espacios y plataformas a nivel de una región o un sector económico que promuevan alianzas para la paz y la no violencia; vocería e incidencia ante entidades públicas; organización de eventos, o publicación de declaraciones conjuntas tomando posiciones explicitas frente a las oportunidades y dividendos de la paz.

Acciones de la empresa para promover la disponibilidad de instituciones y servicios de educación básica, media y superior, de salud física y mental y otros servicios que cumplan con estándares de calidad nacionales e internacionales y que, desde un punto de vista de costos, políticas de admisión, cercanía geográfica y vías de acceso, estén al alcance de todos, sin importar su procedencia étnica, género, o circunstancias socioeconómicas. Para lograrlo, las empresas pueden realizar diferentes acciones, como apoyos financieros desde el área de Responsabilidad social a organizaciones operadoras en el terreno, implementación de proyectos socioeconómicos en alianzas público-privadas que promuevan este tipo de servicios, o incidencia ante entidades públicas locales y regionales responsables.

Proceso sociocultural encaminado a superar antagonismos entre personas y grupos divididos por el conflicto y a construir y reconstruir vínculos sociales, económicos, políticos y culturales que estén basados en la confianza en el otro, el diálogo y la cooperación. Es central la comprensión de la reconciliación como un proceso que, si bien involucra a víctimas y victimarios, le incumbe a todas las personas, grupos y organizaciones –incluyendo las empresas–, sin importar su rol en el conflicto. En este proceso es clave el apoyo del empresariado a iniciativas que promuevan a la memoria, la verdad y la no repetición. Esto incluye la generación de nuevas ideas y nuevas narrativas sobre el otro y las vivencias durante el conflicto, así como la creación de experiencias compartidas, reconociendo y construyendo a partir de las diferencias.

Se refiere, en primera instancia, a consecuencias internas en la empresa, como diferenciar entre trabajadores sindicalizados o asociados frente a otros trabajadores en el caso de continuidad de la contratación, ascensos, remuneración o beneficios laborales, y acciones de exclusión, estigmatización o presión desde otros trabajadores, entre otros.

De acuerdo con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (2011), basados en el marco “proteger, respetar y remediar” de la ONU, las compañías deben actuar de tal manera, que no vulneren los derechos humanos de personas y comunidades en sus áreas de influencia (pilar respetar), y remediar las vulneraciones de estos derechos cuando ocurran. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se extiende a todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Como mínimo, esto comprende los derechos abordados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, y los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ver también: Gestión responsable en derechos humanos

Implica la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos de la empresa y sus acciones de negocio, o bien afecte adversamente a sus grupos de interés externos. Por ejemplo, riesgos financieros, estratégicos, operativos, y de cumplimiento legal de la compañía, así como riesgos sociales, de derechos humanos y socioambientales para las comunidades vecinas. Ver también: Análisis de riesgos

Los riesgos en materia de transparencia y anticorrupción presentes en el entorno de negocios de cualquier empresa, se agravan en escenarios de conflicto y posconflicto y otros contextos con altos índices de violencia y presencia de actores criminales. Estos riesgos incluyen, entre otros, actividades en la cadena de valor que puedan fomentar de manera directa o indirecta las economías ilegales locales ligadas al conflicto; lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), o el desvío de dineros destinados a proyectos de desarrollo económico para el posconflicto.

Se refiere a riesgos que, si bien pueden afectar a cualquier persona, son mayores en ciertos grupos poblacionales como mujeres, que en contextos afectados por conflicto son más vulnerables a agresiones sexuales y otras formas de violencia de género; adolescentes y jóvenes en situaciones de precariedad socioeconómica, sujetos a riesgos de reclutamiento por grupos armados y pandillas, o poblaciones étnicas y sus modos de vida ancestrales que pueden verse amenazados en territorios en disputa por intereses económicos o estratégicos de grupos al margen de la ley.

Situación donde –en una empresa, comunidad o la sociedad–, las relaciones laborales, personales, sociales y políticas entre las personas se basan en el respecto del otro y la aceptación y tolerancia de las diferencias y divergencias. Los escenarios de sana convivencia se caracterizan por el respeto de los derechos de los demás, la aceptación de normas y reglas formales e informales del trato digno del otro, así como por altos niveles de seguridad y confianza mutua.