En EmPaz se entiende como los ejercicios participativos en donde los ciudadanos vigilan el diseño, la ejecución y evaluación de políticas y programas del Gobierno nacional y administraciones departamentales y locales, y proyectos desarrollados e implementados mediante alianzas público-privados. El control ciudadano se realiza mediante diferentes canales y espacios, por ejemplo, mecanismos de veeduría formales e informales, audiencias públicas o plataformas digitales de participación.
En EmPaz, se refiere a una cultura organizacional basada en la confianza, el respeto y la solución pacífica de diferencias mediante el diálogo u otros mecanismos para superar las diferencias. Esto requiere la promoción de valores, actitudes y comportamientos en todos los integrantes de la empresa, de rechazo a la violencia y la promoción del diálogo y la negociación en caso de disputas. La promoción de una cultura de paz se extiende a contratistas y proveedores de la empresa, así como al relacionamiento con comunidades vecinas, entidades locales y otros grupos de interés de la empresa.
La libertad de los trabajadores de asociarse, de formar y afiliarse a sindicatos en representación de sus intereses y necesidades laborales es uno de los derechos fundamentales. Este derecho está consagrado en la Constitución y en las leyes laborales del país. La ley también establece que está prohibido a los empleadores de obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical. Ver también: Derechos laborales
Los derechos laborales, también referidos como derechos fundamentales de los trabajadores, comprenden los principios y derechos incluidos en los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y que comprometen los Estados firmantes -entre estos, Colombia- a respetar u promoverlos. Abarcan la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, entre otros. En Colombia, la Constitución Política consagra los derechos laborales y el Código Sustantivo del Trabajo regula estos derechos en las relaciones con los empleadores.
Se refiere al progreso socioeconómico sostenible del país y de las regiones, con enfoque en la inclusión en equidad de condiciones de poblaciones y áreas afectadas por el conflicto y otras manifestaciones de violencia. Tiene como propósito, integrar todos los territorios del país en las dinámicas económicas y de mercado nacionales e internacionales, reducir al máximo las disparidades en el acceso a oportunidades de desarrollo entre regiones y dentro de ellas, y crear condiciones dignas y sostenibles para los todos los grupos poblacionales, más allá de las economías ilegales, superando la fragilidad de las economías legales que existan y logrando niveles de vida dignos y sostenibles.
Mecanismos para informar, socializar y recibir retroalimentación de poblaciones en el área de influencia empresarial sobre proyectos comerciales y otras acciones de la compañía (por ejemplo, mesas de concertación, encuestas y grupos focales) implementados de manera constante o con intervalos regulares y en condiciones de transparencia e inclusión de las voces de todos los grupos impactados. Asimismo, los diálogos con comunidades pueden estar enfocados en temas de interés de la sociedad local y la empresa (por ejemplo, seguridad en espacios públicos, vías de acceso, prevención de ruido, etc.).
El conjunto de factores de tipo político, militar, social, económico, cultural, ambiental, así como actores –grupos armados, sectores público, privado o social– que afectan directa e indirectamente el inicio, la intensificación, reducción o terminación de las diferentes manifestaciones del conflicto armado en lo local.
Diferencias entre la empresa y sus trabajadores que requieren una solución mediada para evitar o frenar el deterioro de las relaciones laborales y prevenir el escalamiento del conflicto, por ejemplo, relacionadas con pagos, o (presuntas) afectaciones de los derechos laborales que puedan causar riesgos en los trabajadores, o inconformidades en la cadena de suministro. En ocasiones, los trabajadores, contratistas o proveedores afectados recurren a manifestaciones públicas para expresar su desacuerdo. La Constitución y la legislación laboral reconocen la huelga pacífica como un derecho de los trabajadores, salvo en caso de servicios públicos esenciales.
En EmPaz, se refiere a discordias entre la empresa y sus grupos de interés sobre temáticas relacionadas con afectaciones de los derechos humanos, conflictos socioambientales o impactos relacionados con la implicación por acción u omisión empresarial en hechos del conflicto armado, entre otros. Abarca tanto las afectaciones generadas por la operación de la empresa o alguno de sus integrantes, como aquellas que la involucran indirectamente (por ejemplo, cuando una firma prestadora de seguridad contratada por la empresa usa fuerza indebida contra civiles).
Conjunto de estrategias y acciones para disminuir la dependencia de los mercados locales, regionales y nacional, de una cantidad reducida de productos –por ejemplo, materias primas– y el aporte de un número restringido de grandes empresas. Tiene como objetivo lograr que múltiples productos de calidad y empresas de diferentes tamaños, incluyendo PYMES, aporten de manera más equilibrada al PIB y a las exportaciones. Ejemplos de acciones empresariales para la diversificación son políticas de abastecimiento local que aporten a la productividad y formalización de microempresarios locales en donde su empresa estimula los mercados en su área de influencia o programas de premiación y financiación de start-ups locales.
En EmPaz, se refiere a contextos y condiciones al interior de la empresa y en su área de influencia que permitan que trabajadores y habitantes en comunidades vecinas puedan realizar sus labores, vivir y tener acceso a medios de sustento, circular y transitar, libre del riesgo de afectaciones por el conflicto, violencia, y otras acciones que afectan la estabilidad del entorno y la integrad física y mental las personas. Estos son entornos donde los incidentes de seguridad –como extorsiones, amenazas y agresiones con armas o violencia sexual–, se ven reducidos a niveles mínimos.
Estrategias comerciales y actividades de negocio de una empresa que, además de generar rendimientos económicos y otros beneficios tangibles e intangibles para la misma (como por ejemplo reconocimiento de la marca entre consumidores y accionistas), aportan a la prevención de la violencia y la transformación de los factores estructurales que han alimentado el conflicto en el área de influencia de la organización. Las estrategias de negocio para la paz abarcan diversas acciones en el plano de empleabilidad, emprendimiento, desarrollo económico inclusivo, sostenibilidad ambiental y actividades relacionadas, capaces de fomentar la integración de poblaciones y regiones social y económicamente marginadas debido al conflicto armado.
Políticas, programas, planes y acciones concretas de la empresa para prevenir, detectar, investigar y castigar acciones de fraude y corrupción en la organización y en el relacionamiento con otros actores públicos y privados, así como acciones que puedan promover el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Más allá del cumplimiento de normas y leyes, tiene como objetivo crear y divulgar una cultura de legalidad mediante las actividades de negocio y sociales de una empresa y en su cadena de valor.
Comprende por un lado, las vivencias de las personas que participaron directamente en las hostilidades, y de las víctimas civiles del conflicto armado y de otros tipos de violencias contra la seguridad e integridad física (por ejemplo, personas desplazadas o con discapacidad por minas antipersona y otros incidentes, o víctimas de violencia sexual cometida como “arma de guerra”). Además, se refiere a afectaciones no físicas y menos visibles, como impactos psicológicos en familiares por la pérdida de seres queridos, o traumas generados en niños y adolescentes que han sufrido hechos de conflicto y violencia.
Se refiere a acciones de la empresa para ampliar y robustecer las capacidades y el efectivo funcionamiento de las organizaciones estatales y los funcionarios públicos en el nivel local y regional, a fin de mejorar la planeación e implementación de políticas públicas, la atención a los ciudadanos, la administración de justicia y el ejercicio de otras funciones para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y la prevención de conflicto armado y otras manifestaciones de violencia. Las empresas pueden aportar mediante apoyos técnicos, transferencia de conocimientos o el desarrollo de proyectos público-privados que incluyan un componente de fortalecimiento institucional, por ejemplo.
Estrategias y procesos de producción más limpios, eficientes y sostenibles en el uso de energía, agua y suelos, en donde la reducción de impactos ambientales se complementa con la prevención de conflictos y afectaciones de derechos humanos por cuenta de la degradación de los ecosistemas locales. También comprende una gestión de tierras, bosques y ríos para usos comerciales con especial atención a la protección de derechos, salud y bienestar de comunidades locales, y a la garantía del acceso y uso de recursos naturales que estas comunidades necesitan como medios de vida.
La gestión estratégica para la paz es el conjunto de decisiones y acciones necesarias para la administración y funcionamiento de la empresa en sus aspectos económicos, de buen gobierno, sociales y ambientales, y que además de generar rendimientos para la empresa contribuyen a la transformación de condiciones estructurales que generan y/o perpetúan el conflicto violento, en el área de influencia de la empresa.
Inclusión del respeto de los derechos humanos de trabajadores y comunidades en la gestión de la compañía y en la actividad comercial y social, implementando los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (2011), que abarcan, entre otros, la debida diligencia para identificar, prevenir y remediar eventuales afectaciones de estos derechos en el área de influencia empresarial. La gestión responsable en derechos humanos se extiende a la cadena de suministro, y a la prevención de vulneraciones de los derechos humanos por servicios de seguridad externos.
También llamados stakeholders, comprenden, por un lado, grupos internos de la empresa y aquellos que tienen una vinculación directa con la organización (por ejemplo, empleados, contratistas, directivos, y accionistas) y, por otro, grupos externos que afectan o pueden ser afectados directa o indirectamente por la misma (entre otros, comunidades aledañas, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación).
Se refiere, por un lado, a las consecuencias negativas generadas en la empresa o sus trabajadores, y en poblaciones vecinas y zonas de influencia, debido a la materialización del riesgo. Por otro, se entiende por impacto los efectos –tanto negativos como positivos– generados de manera intencional o no intencional, por las acciones de la empresa sobre poblaciones vecinas, zonas de influencia o la sociedad en general.
Acciones de los ciudadanos vulnerables o afectados por el conflicto para el ejercicio de su derecho a la participación en procesos de toma de decisiones públicas sobre asuntos que afectan sus vidas. Además de mecanismos establecidos en la Constitución y la ley colombiana como las consultas populares, existen muchos otros canales y espacios para la incidencia desde los ciudadanos, entre otros, la participación o influencia sobre la formulación de políticas públicas que ejercen ONG y organizaciones de la sociedad civil o alianzas para la promoción de agendas específicas, así como la incidencia directa mediante diálogos y “lobby” ante legisladores y otros tomadores de decisión en administraciones locales, departamentales o nacionales.
Acciones de la empresa, de forma individual o en alianzas con otros actores del sector privado, para aportar de manera propositiva a los espacios de decisión y el diseño, implementación y seguimiento a políticas y planes en el nivel nacional, regional o local, mediante la participación en las diferentes fases de la planeación, inversión de capital para la implementación, apoyo técnico y otras actividades.
Proyectos, programas, actividades y otras acciones que desarrollan líderes, grupos y organizaciones en comunidades aledañas y que aportan, directa e indirectamente, al fortalecimiento del capital humano local. Por ejemplo, iniciativas en educación no formal, brigadas de salud, o sistemas comunitarios de préstamos para gastos de hogares y fincas productivas.
De acuerdo con la OCDE y la Unión Europea/Eurostat (2016), la innovación en el sector empresarial se puede entender como la implementación de un producto, bien o servicio, nuevo o significativamente mejorado, o un proceso, un nuevo método de marketing, o un nuevo método de organización en las prácticas de negocio, el lugar de trabajo o las relaciones externas. Según estudios internacionales, la innovación es fundamental para el crecimiento de la productividad de las empresas y para lograr la diversificación y competitividad de las economías regionales como aporte a la construcción de paz.
Se refiere a inversiones de entidades públicas y proyectos público-privados para realizar obras u ofrecer servicios básicos que aporten al desarrollo socioeconómico en áreas afectadas por el conflicto.